El juez Juan Carlos Peinado imputó formalmente a Begoña Gómez por cuatro delitos de corrupción tras una investigación de dos años sobre si aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno español para beneficio personal. Los cargos incluyen malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de fondos.
El caso se centra en el papel de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde co-dirigió un máster en estudios empresariales tras convertirse su esposo, Pedro Sánchez, en presidente del Gobierno en 2018. Los fiscales alegan que utilizó recursos públicos y conexiones personales para promover intereses privados a través de su puesto en la universidad.
La cátedra sirvió como medio de desarrollo profesional privado de la persona investigada
Juez Juan Carlos Peinado — Auto judicial
El juez Peinado destacó la falta de cualificaciones relevantes de Gómez para el puesto universitario como prueba de posible irregularidad. La investigación encontró, según el magistrado, indicios suficientes de conducta delictiva, aunque ahora los tribunales deben decidir si enfrentará juicio.
La investigación por corrupción surgió de una denuncia presentada por Manos Limpias, un grupo anticorrupción con vínculos de ultraderecha liderado por Miguel Bernad. La organización tiene un historial de presentar demandas infructuosas contra políticos españoles de todos los espectros políticos.
La BBC enmarca este caso como parte de un patrón más amplio de escándalos de corrupción que debilitan al gobierno de coalición de Sánchez, destacando la presión política y los desafíos institucionales. Su cobertura resalta los orígenes de ultraderecha de la denuncia, manteniendo un tono equilibrado sobre los procedimientos legales.
DW enfatiza los aspectos institucionales y las implicaciones del Estado de derecho, enmarcando las imputaciones dentro de los procesos democráticos de España, aunque señala el contexto político. Su cobertura refleja las preocupaciones alemanas sobre la estabilidad política europea y la independencia judicial.
Los medios españoles enmarcan la respuesta de Sánchez como mesurada y confiada en una vindicación judicial, destacando su enfoque en la gobernanza durante la visita a China. Resaltan las críticas de los funcionarios del gobierno a la oportunidad de la decisión del juez y sugieren que el caso podría ser revocado en apelación.
Medios conservadores de EE.UU. vinculan las imputaciones por corrupción con las críticas de Sánchez a Trump, sugiriendo que el discurso anti-Trump del presidente responde a una desesperación política. Enmarcan el escándalo como una validación de las preocupaciones más amplias sobre el liderazgo socialista europeo y los fallos de gobernanza.
Los medios indios enmarcan este caso como un procedimiento legal directo, destacando el proceso judicial y los cargos basados en pruebas sin comentarios políticos adicionales. Esto refleja la preferencia de India por la no injerencia en los asuntos internos europeos, manteniendo una neutralidad diplomática ante los escándalos de liderazgo de la UE.
Los medios saudíes presentan las imputaciones como un asunto legal procedimental, centrándose en la cronología y los aspectos formales de la investigación más que en las implicaciones políticas. Este enfoque mesurado refleja el cuidadoso equilibrio diplomático de Arabia Saudita con sus socios europeos en medio de esfuerzos por diversificar relaciones internacionales más allá de las alianzas tradicionales con Occidente.
Los medios turcos enfatizan la naturaleza penal de los cargos sin hacer comentarios sobre la estabilidad política española, reflejando la compleja posición de Turquía como aliado de la OTAN con relaciones tensas con la UE. La cobertura sugiere que Turquía considera los escándalos políticos europeos como asuntos internos que no afectan los marcos más amplios de cooperación en seguridad regional.
Cuando comenzó la investigación en abril de 2024, Sánchez suspendió sus funciones públicas durante cinco días para evaluar si debía permanecer en el cargo. El presidente se quejó de una campaña sostenida de acoso contra su familia y cuestionó la imparcialidad de algunos miembros del poder judicial.
Lo que le pido al sistema de justicia es que imparta justicia. Que se haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, no tengo nada más que decir
Pedro Sánchez — Conferencia de prensa en Pekín
Las imputaciones llegan en un momento en que Sánchez enfrenta una creciente presión por múltiples escándalos de corrupción que afectan a su círculo más cercano. Su hermano, David Sánchez, ha sido imputado en una investigación separada por tráfico de influencias, mientras que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado este mes por presuntos sobornos en contratos de equipos durante la pandemia.
Los partidos de la oposición han intensificado sus llamamientos a la dimisión de Sánchez, ya que su gobierno en minoría lucha con los desafíos legales acumulados. El líder socialista ha desestimado las acusaciones como ataques con motivación política diseñados para desestabilizar su administración.
El momento de las imputaciones coincide con la visita oficial de Sánchez a China, donde él y Gómez se reúnen con funcionarios chinos para finalizar acuerdos estratégicos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó confianza en que los tribunales superiores revocarían la decisión de Peinado, alegando que el caso carece de fundamento.